En el día de hoy me dispongo a hacer una breve reflexión acerca del gran e inigualable problema que tiene España. Puede que el lector rápidamente piense en los altercados y turbulencias políticas que vivimos hoy en día y en nuestras relaciones, más que mejorables, con las naciones magrebíes. Quizás aventure, incluso, que el gran problema para la población sea la creciente presión fiscal o el infierno legislativo en que vivimos. Pero no, no es ninguno de estos.

Definitivamente, estos son problemas de gran calado y relevancia, algunos por su urgencia y mientras que otros por su potencial destructivo. Sin embargo, ninguno se acerca ni por asomo al, tanto por acuciante como por destructivo, gran reto que tiene España. Este es, ni más ni menos, el tema de la sostenibilidad de las pensiones.

¿Sostenibilidad de las pensiones? ¿en serio? Seguramente dude de que un tema que apenas aparece en televisión, más allá de ocasiones en las que algún político de turno promete que seguirán subiendo sin parar, pueda ser tan trascendente como la fragilidad del nuevo gobierno formado en este país o la mermada y frágil independencia judicial.

Pero, párese a pensar por un momento lo siguiente ¿Qué pasaría si mañana la ejecutiva del gobierno diera una rueda de prensa declarando que, debido a una quiebra técnica del país, se deben cancelar todas las transferencias del Estado? Supondría lo que conocemos como un “corralito”, es decir, una declaración de bancarrota y default de los pasivos del gobierno

de España ¿Qué sucedería entonces? Lo mismo que ocurrió en Argentina en 2001, Chipre en 2013 o Grecia en 2015: fuga de capitales, pánico bancario, restricción de flujos de capitales y bancarrota nacional. El resultado es la ruina, sin duda.

¿Es esto algo que vaya a pasar si se cancelaran las pensiones? La respuesta es, evidentemente, que no. Si se cancelaran las pensiones, el Estado, de repente, de un día para otro, tendría más de doce mil millones de euros todos los meses (11,8% del PIB) para gastar en otras partidas, reducir la deuda pública (109,9% en octubre de 2023) o perdonar deudas autonómicas. A su vez, el Estado, de repente, de un día para otro, tendría más de diez millones, de ya entonces expensionistas, buscando linchar al lúcido pensador que hubiera propuesto tamaña “brillantez”.

Piénselo por un momento, más de diez millones de personas en un país con una población residente que no alcanza los cuarenta y ocho millones y medio de habitantes. Este grupo supone más de un 20% de la población en España. ¿Cuántos votos se pueden ganar prometiendo subir el sueldo de más del 20% de la población? No poseo datos exactos de ello, pero, visto que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista Obrero Español, los dos grandes partidos a nivel nacional, se atreven a tocar siquiera este tema, más allá de para prometer subidas en las prestaciones públicas, me atrevo a decir que no son pocos.

Dicho esto, ¿es esto verdaderamente un problema? La respuesta, como tantas otras veces, es “depende”. En España el tipo de pensión más común y de mayor presupuesto es la contributiva, en concreto, la pensión por jubilación. A la recepción total de esta pensión se accede tras haber trabajado, al menos, treinta y seis años y medio, calculándose su importe total en base a las cotizaciones realizadas los últimos veinticinco años de vida laboral. Pero ojo, el dinero que se recibe no es el importe aportado durante la vida laboral del trabajador ni un método de descuento de flujos de efectivo traídos a valor presente, ni mucho menos. La teoría es que el trabajador de hoy paga al pensionista de hoy y el trabajador de mañana pagará la pensión del que hoy aporta.

Sólo de esta forma se pudo introducir de manera efectiva el sistema de pensiones y el Estado del Bienestar en España sin dañar por el camino a la generación más anciana, acostumbrada al sistema de gasto social del periodo pre-democracia. La clave del sistema que hoy en día se disfruta en España es que está pensado para un país con una pirámide poblacional creciente. España lo era cuando se instauró este sistema; ya no lo es. La pirámide poblacional española se encuentra en un punto de tránsito previo a invertirse. Dicho de manera clara: en 1980 un 63,03% de la población pagaba la pensión de un 11,15%; hoy, una población adulta similar sostiene al 20,27% de la población. Teniendo en cuenta que la población infantil se ha reducido del 25,96% al 13,39% en este mismo periodo, la cosa no pinta bien para los jóvenes de este país.

La generación del “baby boom” posee un tamaño tal que hoy entre tres contribuyentes sostienen a un pensionista; tiene un tamaño tal que, al no haber tenido apenas hijos, provocará que, en 2050, con una esperanza de vida de 87 años, un 55% de la población tenga que sostener a más del 30% o lo que es lo mismo: entre menos de dos contribuyentes tendrán que sostener a cada pensionista. Teniendo en cuenta que tendremos que seguir cuidando de nuestros hijos como siempre se ha hecho, a alguien se le va a tener que reducir la porción del pastel. ¿De dónde recortamos entonces? ¿Exprimimos a la fuerza laboral a costa de los pensionistas?, ¿nos olvidamos de la educación de las futuras generaciones?, ¿recortamos la prestación a quienes con su esfuerzo han mantenido al país durante la mitad de sus vidas?

Ninguna solución es justa, eso está claro. No es justo que los primeros pensionistas no contribuyeran como lo hacemos quienes hemos ido por detrás; no es justo que los que han trabajado tanto no reciban lo que se les prometió; no es justo que, por irresponsabilidad de nuestros predecesores, tengamos que ser esclavos de nuestros ancianos.

Por el momento, los legisladores han dado pasos muy tímidos, por llamarlo de alguna manera, a través del aumento de las cotizaciones de manera obligatoria o el aumento de años de recuento para el cómputo de las bases de cotización. Todo ello, obviamente, no ha ido dirigido a resolver el problema, sino con el fin de postergar la decisión final e inevitable que habrá de ser tomada.

Como conclusión, lo único claro es que el sistema de pensiones español debe cambiar y debe hacerlo ya, o da igual quien sea presidente, juez y verdugo en unos años. Si la situación no cambia, España implosionará.