Existen muchas y variadas amenazas para la seguridad de una nación y su sociedad. Algunas amenazas son externas y otras son internas. Desde una invasión de un ejército enemigo o de una organización terrorista, hasta un ataque cibernético que deje inactivos los servidores del Banco Nacional o el Ministerio de Interior. Algunas amenazas son novedosas y han evolucionado con la tecnología de nuestro tiempo, como los satélites espía, las fake news, drones kamikaze o las amenazas de la informática. Por desgracia, otras llevan muchos años entre nosotros: las guerras, el narcotráfico o el tráfico de armas.

El tráfico de armas suele ser una amenaza transfronteriza que afecta a más de un estado al acometerse la fabricación, venta, distribución y venta ilícita de armas blancas y de fuego. La relevancia que se le da desde entes internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), y los numerosos tratados internacionales, como el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; demuestran que es una preocupación prioritaria para muchos países, especialmente en América, África y Asia.

El tráfico de armas suele llevar consigo un importante crecimiento de la violencia en conflictos ya establecidos y en la sociedad en general. Suele tener un efecto simbiótico y sinérgico con otros mercados ilícitos y el crimen, siendo muchas veces un instrumento necesario o auxiliar para otros delitos, como la caza furtiva, el terrorismo, el robo, la extorsión, el tráfico de blancas o el asesinato.

Los proveedores suelen hacerse con este tipo de material con armas de conflictos presentes, comprándolas en países de fácil acceso a este tipo de productos, fabricándolas o reciclándolas. Según un informe de Small Arms Survey en 2017, se valora que 754,16 millones de armas están en manos de civiles y no se encuentran registradas en ningún documento oficial.

En un intento por controlar esta actividad tan peligrosa, los estados toman medidas varias. Desde las más administrativas, como expedición de licencias, control de puntos de venta y restricción de fabricación; hasta más tácticas y estratégicas, con operaciones policiales contra bandas organizadas dedicadas a su fabricación, distribución y venta, siendo un ejemplo reciente la operación internacional conjunta “Gatillo IX”; e incluso, legales con reforzamiento de penas, ampliación de los tipos penales o firma de acuerdos internacionales, como el Tratado de Comercio de Armas o el Protocolo de Ginebra sobre armas letales autónomas. Actualmente en España, el tráfico de armas se encuentra penado con una condena de entre uno y cinco años de prisión más una determinada cuantía en concepto de multas o sanciones según la magnitud del cargamento y el tipo de armas, entre otros factores.

Pero estas medidas no siempre tienen los efectos esperados cuando se redactan y establecen si lo impide la enfermedad más vil y destructiva de cualquier sociedad: la corrupción, ya sea política, burocrática o en cualquier otro sentido. Y pese a verlo en las películas y series, la corrupción en el mercado de las armas esta a la orden del día y es clave para su correcto y continuado funcionamiento. Desde funcionarios, tal vez el caso más emblemático, hasta empresarios del sector o simples ciudadanos, que las desvían al mercado negro.

Las formas de engañar al sistema son muchas y variadas. Y como se dice en la culturilla popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Generosos sobornos y un buen conocimiento de la ley y la política es lo único que hace falta para un mercado ilegal fluido donde se comercialice con armas. No serán extraños para los lectores de la América Latina los casos recientes y continuos que salen a la luz al respecto, como la operación “Gatillo VI” en 2021 o los resultados del Proyecto TARGET de la Interpol en la zona del Caribe en los últimos dos años.

Los países son conscientes de la lacra que supone esta conducta por lo que se han propuesto conductas más transparentes y mejores mecanismos de control y regulación de armas por parte de gobiernos y empresas del sector. Como ya se mencionó antes, se han fortalecido las leyes penales y administrativas en los estados más afectados y preocupados en la materia, pero es necesario un refuerzo a los cuerpos de seguridad del estado que deben aplicarla, con una mayor dotación de capacidades y de recursos, tanto materiales como humanos.

Por otra parte, importantes medidas financieras y tributarias son de gran utilidad también para descubrir el posterior blanqueo de capitales o para bloquear transacciones sospechosas de estar relacionadas con el susodicho mercado. Asimismo, una mayor inversión en luchar contra la pobreza y la desigualdad de oportunidades, especialmente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad moderna, es otra solución y forma de abordar el problema de una manera periférica.

También debemos preguntarnos como utilizar el importante recurso que hace poco más de un año que tenemos en nuestras vidas cotidianas: la Inteligencia Artificial o IA. Esta gran herramienta y avance de la tecnología no solo nos sirve para realizar proyectos universitarios o generar imágenes. También es capaz de traducir idiomas, buscar patrones y procesar información de una manera más efectiva, rápida y barata.

A diferencia de un ser humano, puede estar en constante vigilancia en la persecución de estos delincuentes. Solo necesita acceso a internet, electricidad y la ingente cantidad de datos que reciben nuestros organismos políticos y de seguridad: policías, militares, cuerpos de inteligencia, ministerios de Defensa e Interior, etc.

Su gran potencial está todavía por descubrir, pero, como humanos y como generación, tenemos el pesado deber y la enorme responsabilidad de dejar un mundo mejor que el que se nos ha dado de manos de nuestros padres y abuelos. La Inteligencia Artificial, conjuntamente con una voluntad política y social fuerte y un esfuerzo de nuestros cuerpos de seguridad nacional, no será el instrumento definitivo que acabe con este inmoral mercado lucrativo, pero si puede ser un punto de inflexión que permita reducir el tamaño del problema y dotar a nuestro entorno de un ambiente de paz y seguridad más estable y duradera.